Autora: María Paula Ávila Castro
Año: 2018
Disponible en: https://www.academia.edu/39763845/VII_JORNADAS_DE_ESTUDIANTES_TESISTAS_Y_BECARIXS
Análisis de discurso de la política de bosques nativos en Córdoba, a partir del estudio del proceso legislativo de la Ley 9814, entre los años 2008 y 2016
La política sobre bosques nativos en Córdoba puede considerarse de cierta relevancia pública generalizada a partir del año 2008 cuando se dispuso la creación de una Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN) que comenzara un proceso legislativo para la provincia en materia de bosques. La de bosques fue una ley controvertida por su proceso y sus resultados, y se vio atravesada por multiplicidad de actores y discursos en disputa, lo cual la convierte en un caso particularmente interesante para el estudio de política ambiental.
Hacia 2008, la provincia de Córdoba debía realizar el ordenamiento territorial de conservación de bosques en el marco de la dinámica legislativa que se estaba produciendo en todo el país desde hacía algunos años. La ley nacional 26331 de presupuestos mínimos de conservación de los bosques nativos, se sancionó en 2007 en un contexto en el que se venía legislando sobre principios mínimos ambientales de acuerdo con la normativa de la Ley General de Ambiente 25675 de 2002 y la transferencia de competencias a las provincias en materia ambiental según la reforma constitucional de 1994.
La ley de bosques nacional indicaba los criterios que se debían seguir para el ordenamiento de bosques nativos, esto es, la zonificación del territorio de las provincias en diferentes categorías de conservación según su valor ambiental, por medio de un proceso legislativo participativo protagonizado por comisiones intersectoriales como la cordobesa COTBN. La ley obligaba la identificación en el territorio de tres categorías de conservación: roja, amarilla y verde (con prohibición de desmontes en las categorías roja y amarilla) y estipulaba la obligatoriedad de diversos arreglos institucionales de política ambiental como las evaluaciones de impacto ambiental, las audiencias públicas y las consultas públicas.
En este marco, en noviembre de 2008, la Secretaría de Ambiente de la provincia creó la COTBN convocando a legisladores, a investigadores de las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, a técnicos del ámbito estatal provincial pertenecientes a la Secretaría de Ambiente y a la de Turismo, a especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y de Parques Nacionales, y a diversas entidades privadas productivas, organizaciones y movimientos sociales como el Movimiento Campesino de Córdoba, la Federación Agraria, la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM), Asambleas Despierta, el Aula Abierta de Montaña, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Ecosistemas Argentinos, el Grupo Escalera, el Foro de los Ríos, la Fundación Conydes, entre otros (Deon, 2016; Rossi, 2016).
La discusión sobre la ley no sólo estuvo centrada en la órbita de la COTBN, a pesar de que era el marco legalmente estipulado para ello, puesto que las controversias implicadas en el ordenamiento del territorio hicieron que el sector productivo se separara de la Comisión y elaborara su propia propuesta. La Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) presentó su proyecto de ley ante la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura de Córdoba, en sintonía con los intereses de otros actores como la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) o la Sociedad Rural Argentina (SRA) (Silvetti y otros, 2013).
El desenlace de la controversia se dio en 2010, cuando la legislatura de Córdoba sancionó la ley 9814, optando por priorizar el proyecto elaborado por CARTEZ (Deon, 2016; Rossi, 2016; Silvetti y otros, 2013). El tema tuvo su resurgimiento en 2016, en torno a la actualización de la ley, puesto que estaba estipulado en la letra de la 9814, una renovación del ordenamiento territorial cada cinco años. El proceso de esta actualización tuvo como eje el territorio del noroeste cordobés y la actividad ganadera, que CARTEZ pretendía desarrollar por medio de una reforma en los usos de los bosques que implicaba una nueva codificación de zonas rojas por zonas amarillas, y el rechazo de esta propuesta por parte de un nuevo actor, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CODEBONA), que se sumaba a las voces del Movimiento Campesino de Córdoba, ex integrantes de la COTBN, fundaciones ambientalistas, científicos de institutos de investigación, la ciudadanía en general y algunas figuras del espectáculo local.
Como se puede evidenciar a partir de la breve cronología de este período de ocho años, las particularidades del proceso legislativo cordobés hicieron que se vieran enfrentados dos sectores con discursos claramente definidos. El eje argumentativo de la COTBN se sostenía en el concepto de “servicios ecosistémicos”, una valorización ecológica del recurso boscoso tal como se proponía en la ley nacional y en la literatura internacional, que priorizaba la categorización de zonas rojas para limitar los desmontes. El sector productivo reivindicaba un ordenamiento de los bosques que no afectara los niveles de producción presentes y futuros del territorio cordobés, con preponderancia de zonas amarillas y verdes.
