Desde hace un tiempo ya la violencia es tratada en plural, discriminando según su tipo y agentes. Así tenemos una multiplicación de formas de violencia tratadas como fenómenos específicos que si bien, no hay que desconocer, lo provechoso del trabajo circunscripto en cuanto a profundidad; también invisibilizan la naturaleza común de estas múltiples variantes. Así vemos abrirse campos de estudios y legislación específica sobre violencia de género, violencia doméstica, violencia institucional, etc.
Si como decíamos es cierto que la especificidad gana en cuanto a profundidad también pierde en relación de un tratamiento integral de la violencia. Desde esta perspectiva podríamos atacar la raíz de tales actos criminales, al reconocer la naturaleza compartida en matrices tales como el patriarcado, la clase y la dictadura.
Ciertamente en la intersección de estas arraigadas matrices de organización social y política se organizan el conjunto de acciones violentas cuya distinción es sólo necesaria para definir su abordaje. Lo real es que si no se desmontan tales ideologías el proceso de transformación de los patrones de violencia tendrá un cambio muy lento.
Particularmente interesa aquí hablar sobre eso que se ha dado en llamar violencia institucional, y que ha sido definido por los organismos de DD.HH como: “prácticas estructuradas de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación, etc.)”.
