La política de seguridad desplegada en la Provincia de Córdoba constituye una cuestión de interés público. Múltiples denuncias e impugnaciones señalan el carácter arbitrario y estigmatizante de sus prácticas, así como también el abuso policial y la corrupción que trae aparejados.
El objetivo del análisis aquí realizado es mostrar dos aristas principales de la situación actual en la Provincia. Por un lado, exponer el gasto en seguridad estipulado en el Presupuesto previsto para el año 2015 por el Gobierno de Córdoba y su comparación con gastos en servicios sociales. Teniendo en cuenta el gasto público, cuantitativamente hablando, el Estado provincial otorga mayor importancia relativa a las erogaciones vinculadas al área de Seguridad que a otros rubros como Educación y Salud. Conforme a ello, mientras en “Servicios de Seguridad y Justicia” la variación presupuestaria anual fue del 54,5%, en “Salud” fue del 44,1% y en “Educación inicial y primaria” fue del 9,6%.
Si además se atiende al gasto privado, segundo objeto de este documento, se advierte que las familias u hogares destinan gran parte de sus ingresos a la adquisición de bienes o servicios de manera preventiva para su protección y seguridad. Tal es así que, en base a un cálculo estimativo de las erogaciones promedio mensual realizadas por hogar en materia de bienes o servicios preventivos para su protección y seguridad alcanza el valor de $1.750.
Esto se realiza con la pretensión de poder extender el análisis a otras provincias que presentan problemáticas similares en el planteo de sus políticas de seguridad, en miras de aportar soluciones para superar sus falencias. Con los datos relevados, se advierte que el volumen de gastos conjuntos del sector público y privado en esta materia constituye un indicador consistente de la inefectividad de las estrategias desarrolladas a fin de prevenir y contener los hechos de violencia e inseguridad. A su vez, pone en evidencia la sensación o percepción de riesgo e inseguridad que vive nuestra sociedad.
Frente a esto, resulta menester realizar una evaluación urgente, consciente y comprometida de las políticas hasta ahora implementadas que hacen eje en la cuestión represiva sin mostrar resultados relevantes.
