Informe del Colectivo de Investigación El Llano en Llamas ante los desalojos y detenciones ocurridas en la Provincia de Córdoba en el marco de la toma de tierras en distintos lugares de la provincia durante los meses de marzo y abril.
Córdoba, 20 de abril de 2013
Comunicado del Colectivo de Investigación “El llano en llamas”
Los hechos:
El miércoles 20 de marzo, la justicia provincial dictó una orden de desalojo contra los vecinos que ocupaban tierras en Barrio Ituzaingó-IPV , Capilla de los Remedios Km. 7.5, entre calles James Frank y William Bragg, perteneciente al Arzopispado de Córdoba. El despliegue policial fue sorprendente, la orden inesperada y cargada de irregularidades; la población es amenazada con mayor despliegue de fuerza policial, el conflicto toma repercusión pública y la provincia envía representantes a la zona y acuerdan con los vecinos la gestión de nuevos terrenos a cambio de abandonar la toma en Bº Ituzaingó.
El jueves 11 de abril, la Policía de la Provincia desalojó a una familia que hace más de 100 años habita en un campo ubicado en el paraje Tres Esquinas (cercano a la localidad de Piquillín) por orden del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de 46ª Nominación de la Ciudad de Córdoba. En esa oportunidad, los efectivos arrasaron con topadoras la casa y pertenencias de la familia reduciendo la vivienda a escombros. La medida tuvo lugar como resultado de una disputa legal que terminó por favorecer a una mujer que acreditó su posesión. El proceso judicial se desarrolló entre la supuesta propietaria de los campos, Sara Jabase, y un supuesto usurpador de apellido Cattáneo, un empresario que utilizaba los campos para cultivar soja. La abogada del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), explicó que todo el proceso se desarrolló desconociendo que la familia estaba dentro del campo, de modo que desalojaron gente que nunca fue notificada del juicio que los afectaba, violando las más elementales garantías, como es la del derecho de defensa. Cuando las familias desalojadas retornaron al lugar con el objetivo de defender pacíficamente la posesión, con el apoyo de vecinos y vecinas, familiares, organizaciones sociales y miembros del MCC, catorce personas fueron detenidas en un violento operativo policial e imputadas por el delito de usurpación. Si bien los aprehendidos recuperaron su libertad el 15 de abril en horas de la tarde, deberán hacer frente al proceso penal que ahora se seguirá en su contra. El operativo dispuesto impide que vecinos y amigos se acerquen de manera solidaria al lugar, mientras se desarrolla una asamblea de pobladores de la zona. Asimismo, topadoras y máquinas viales se disponen a borrar todo vestigio de la posesión ancestral de las familias con el objetivo de simular que ellos nunca existieron.
Hacia el mediodía del domingo 14 de abril, vecinos y vecinas de La Rinconada (localidad de Cuesta Blanca, Provincia de Córdoba) agrupadas en la Asamblea de Poseedores de Solares de Icho Cruz, se encontraban trabajando en sus tierras cuando irrumpieron cuatro móviles de la Policía y dos cuerpos de la guardia de Infantería de la provincia. Sin presentar orden judicial escrita -en una actuación de oficio de la fiscalía N°2 de Villa Carlos Paz, a cargo del fiscal Marchetti- la Policía desalojó por la fuerza a 10 familias poseedoras que hace 5 meses se asentaron en terrenos vacantes de las empresas CROSETTO y CUESTA BLANCA S.A. Ambas sociedades cesaron sus actividades en los años 1975 y 1998, respectivamente. La orden de desalojo fue emitida telefónicamente por el fiscal. El lunes 17 de abril la Policía tenía orden de detener a toda aquella persona que trate de entrar o salir de las tierras donde se encuentran las familias. A pesar de reiteradas reuniones y audiencias mantenidas durante el día, tanto con la Secretaría de Derechos Humanos del Poder Judicial como con la Fiscalía General de la Provincia, aún no se ha dado curso legal y legítimo al reclamo por los derechos de los vecinos y vecinas de Cuesta Blanca, ni han cesado las amenazas e intimidaciones. A la fecha, bajo un procedimiento totalmente desprolijo, ilegítimo e ilegal algunos vecinos y vecinas se encontraban privados de su libertad. Los abogados del Encuentro de Organizaciones (EO) que representan a las familias afectadas, han decidido la presentación de un recurso de hábeas corpus por carecer de una vía judicial más idónea. Mientras tanto, en la Fiscalía Nº 2, se negaron a tomar las denuncias de los vecinos y vecinas por los hechos sucedidos. Como dato adicional, la zona en conflicto se ha visto en los últimos años fuertemente modificada por la construcción de residencias privadas, countries y emprendimientos turísticos.
El miércoles 17 de abril, vecinos/as de la comunidad de El Bordo de la ciudad de Córdoba, que llevan más de 50 años viviendo en el lugar, amanecieron con topadoras y policías rodeando el barrio. Su presencia se justificaba en una orden de desalojo, emitida por el Juzgado N°17 en lo Civil y Comercial, cargada de irregularidades: la orden judicial estaba a nombre de una persona que no vive en el lugar y no contenía una indicación precisa de los lotes afectados en la demanda. A su vez, el procedimiento que derivó en la orden de lanzamiento no garantizó el ejercicio de los derechos más básicos de defensa, puesto que los vecinos y vecinas nunca fueron notificados de la existencia de la causa que se tramitaba en su contra. En una reunión mantenida entre la Jueza interviniente, las familias afectadas y los abogados del Encuentro de Organizaciones (EO), y ante la exposición de las numerosas irregularidades del caso, la responsable de la orden decide frenar el desalojo y la desafección de las dos viviendas colindantes a la que está en conflicto. Estas acciones se enmarcan en un proceso de negociación que vienen estableciendo los vecinos y vecinas de El Bordo y la provincia de Córdoba, que prometió otorgar a las familias la regularización de las tierras. Mientras tanto, la “empresa desarrollista GAMA amedrentando a lxs vecinxs y ofreciendo dinero por sus viviendas, para que se retiren de las mismas” (4º Comunicado de Asamblea de Vecinos El Bordo). No es sintomático que estos conflictos se hayan incrementado en los últimos años, dado la significativa transformación urbana que ha experimentado la zona por proyecto inmobiliarios desarrollados por GAMA S.A y GNI Propietarian (registros de proyectos inmobiliarios disponibles en las páginas web de las respectivas empresas).
Esta enumeración es, sin dudas, sólo a modo ilustrativo de la intensificación de una problemática que en los últimos años se ha incrementado de modo significativo. La ausencia de una política integral de vivienda que garantice el “acceso a la ciudad” (vivienda sustentable, acceso a servicios de agua, luz, gas, transporte, salud y educación) de una amplia porción de población con déficit habitacional y condiciones de hacinamiento, sumada a la precariedad e informalidad del trabajo, ha tornado inevitable apelar a este repertorio de acciones como el de la “toma de tierras”, un recurso de subsistencia propio de los sectores populares.
Algunos datos para comprender más la problemática y su asociaciones con los hechos de estos días:
En el último censo realizado por la Provincia de Córdoba en 2008, se registraron 186 mil hogares con algún tipo de problema habitacional, de los cuales el 44% necesita una vivienda nueva (que necesita ser reemplazada o porque es compartida con otra/s familia/s). A esta problemática además hay que sumarle que el 42% de las familias cordobesas viven en casas que no son propias, ya sea porque alquila, ocupa una vivienda en mora, o porque son dueños de la vivienda pero no poseen la titularidad de la tierra. Si a esto le sumamos los problemas de hacinamiento (que alcanza el 37% en hogares pobres) el panorama es aún más desalentador. Bajo este marco tan desesperanzador, en tanto la imposibilidad de acceder a planes de vivienda (que no resuelven el problema habitacional porque no atienden la problemática del hacinamiento) o de poder adquirir la casa propia, las tomas se presentan como una inevitable alternativa.
Pero la tierra viene siendo, como sabemos, un bien muy disputado por los principales sectores productivos de la Provincia. Por un lado, la actividad agrícola viene abarcando alrededor del 14% del producto bruto provincial, en los últimos años -según datos de la Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia. En el año 2012 se contabilizaron aproximadamente 6.880.000 hectáreas sembradas, con un incremento sostenido del cultivo de soja, duplicando los niveles de 12 años atrás, y representando más del 50% de las exportaciones de la Provincia. La contracara de esta situación ha sido la eliminación del 95% de los bosques nativos, y los numerosos desalojos de poblaciones campesinas en el norte cordobés.
La regalías agrícolas se canalizaron, principalmente, a la inversión inmobiliaria. En el producto bruto provincial (para el año 2011), por su parte, la construcción mueve cerca del 8% y las actividades inmobiliarias y empresariales registran valores cercanos al 17%. La actividad registra uno de los índices de mayor crecimiento en los últimos años debido principalmente al incremento en la rama construcción de edificios (DGEyC). Asimismo, según datos del Ministerio de Economía de la Nación, en el periodo 2003-2010, el empleo registrado dentro del sector de la construcción fue el rubro que más variación tuvo en la Provincia, marcando un crecimiento acumulado del 144,5%. Así, en los últimos años, se ha registrado un sostenido crecimiento en la construcción de edificios de media y alta categoría, presionando de modo permanente sobre el costo de construcción y restringiendo las posibilidades de crédito y/o financiamiento de los sectores populares.
Ante estos hechos absolutamente repudiables e ilegales de la policía y la justicia, convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas y culturales de Córdoba, a los medios de comunicación, a los docentes y estudiantes de las comunidades universitarias a contribuir en la visibilización y denuncia de estas situaciones y a solidarizarse con todos los vecinos y vecinas que están resistiendo estos atropellos contra los poderosos círculos del agronegocio y el negocio inmobiliario.
Estas acciones representan una claro mensaje de cómo los poderes del Estado cordobés recortan derechos, reprimen las luchas sociales, y fortalecen la posición de poder de los grandes grupos económicos..
Desde este espacio colectivo no podemos quedarnos callados ante tanto atropello. Somos un Colectivo de Investigación que hizo de las luchas sociales su principal objeto de estudio, y en consecuencia, del conocimiento una práctica libre, activa y emancipadora, que aporte a la construcción de los distintos espacios, organizaciones y procesos de resistencia que tiendan a combatir las desigualdades que afectan a los y las que menos tienen.
Expresamos nuestro apoyo solidario a los y las vecinas que resisten, destacamos la dignidad con la que enfrentan estas situaciones, y extendemos nuestra mano a las organizaciones que acompañan estos procesos y convocamos a toda la comunidad a expresarse en contra de estas políticas de desigualdad y exclusión.
Colectivo de Investigación El Llano en Llamas
