“Ningún movimiento emancipatorio, ningún movimiento de liberación, puede prescindir de su genealogía, de su memoria y de su historia. Memoria para alimentarnos de la experiencia de un movimiento largo en el tiempo. Historia para reconocer las luchas que nos preceden y que constituyen nuestro presente y nuestra conciencia. Genealogía para reconocernos en quienes nos precedieron”
Magui Belloti
La pelea por la despenalización y legalización del aborto tiene en nuestro país un largo recorrido que se remonta a varias décadas, en sintonía con las organizaciones que han sostenido históricamente esta reivindicación. Tal es el caso de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que lleva ya 15 años de lucha en conjunto con organizaciones sociales, feministas, transfeministas, académicas, profesionales, gremiales, estudiantiles y de autoconvocadxs. Sabemos que lo que está en juego no es sólo la legalización del aborto, sino una lucha de más amplio espectro que tiene como objetivo final, por un lado, la eliminación del patriarcado como un sistema que vulnera y oprime a las mujeres y diversidades sexuales y, por otro lado, la abolición del capitalismo como sistema económico. En definitiva, la lucha es contra toda forma de opresión y control sobre los cuerpos de las mujeres y personas gestantes para que puedan decidir libremente sobre su proyecto de vida.
El movimiento feminista se ha consolidado como un actor central capaz de incidir en la agenda política independientemente del gobierno de turno. Una de las características más notables de los feminismos como espacio político es la transversalidad o, en otras palabras, la capacidad que ha demostrado para trascender espacios político-partidarios definidos en pos de construir ejes de lucha unificadores. La organización multisectorial, plural y consensuada ha devenido entonces como su marca y su principal potencia. En este marco, la toma de las calles por parte de la marea verde es el fruto de un proceso político, histórico, feminista, trasversal y masivo que busca consagrar el Derecho por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y, consecuentemente, desmontar la vigencia de un esquema legal que bajo el artificio de la universalidad fortalece el patriarcado y desconoce las múltiples realidades que viven las mujeres y las disidencias en nuestro país.
El aborto es una cuestión de salud pública, de justicia social y de respeto por los derechos humanos, que va más allá de todo fundamento personalista, religioso o biologicista que se pueda argüir en su contra. Los abortos clandestinos, nos guste o no, son una práctica que año a año tiene como resultado miles de muertes evitables. La Organización Mundial de la Salud, resaltó que entre 2015 y 2019 hubo en el mundo un promedio anual de 73.3 millones de abortos. Entre ellos, uno de cada tres se llevó a cabo en condiciones muy riesgosas. Con respecto a la cantidad de abortos clandestinos en Argentina, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que se realizan entre 350.000 y 520.000 por año.
Lo decimos una vez más: lo que se debate este martes 29 de diciembre en el Senado es la opción de continuar con la clandestinidad del aborto poniendo en riesgo la vida de las personas y criminalizándolas o reconocer un marco legal que garantice condiciones de seguridad, salubridad y gratuidad para quienes deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. Mañana el Senado se enfrenta a la oportunidad histórica de decidir cuál va a ser la posición del Estado Argentino frente a una realidad que se viene invisibilizando sistemáticamente y que se lleva injustamente millares de vidas.
Como Colectivo de Investigación comprometido con la búsqueda de la igualdad, la justicia y el respeto por los derechos humanos esperamos que, de una vez por todas, SEA LEY.
