El Colectivo de Investigación «El llano en llamas» colaboró con la escritura de un informe que registra los efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina.
Como indica el informe, a partir de la pandemia generada por el COVID-19, con el consiguiente Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto a partir del 20/03/2020 y demás acciones implementadas desde el Estado nacional argentino, un conjunto de equipos, instituciones, investigadores, becaries y tesistas de diferentes ámbitos del país, se agruparon con el objetivo de elaborar un informe acerca de las consecuencias e impactos socioeconómicos y culturales que atraviesan los pueblos indígenas con los que trabajan en las regiones Metropolitana, Pampeana, Noroeste, Noreste, Cuyo y Patagonia.
En una primera instancia, más de 30 autores, participaron en la elaboración de un informe presentado el 15 de abril de 2020. En esta segunda etapa, con más de 100 integrantes de diferentes ámbitos académicos del país, se amplió lo abordado a partir de la actualización y profundización de las problemáticas y situaciones que experimentan un conjunto de diversas comunidades y pueblos originarios –qom, mbya, moqoit, mapuche, guaraní, tupí guaraní, avá guaraní, kolla, diaguita, diaguita-calchaquí, wichí, huarpe, quechua, aymara, nivaclé, tonokote, omaguaca, tastil, günün a küna, comechingón, comechingón-camiare, ocloya, iogys, chané, tapiete, chorote, chulupi, sanavirón, ranquel, wehnayek, atacama, lule, quilmes, mapuche-pehuenches, tehuelches, mapuche-tehuelches, selk’nam, haush y selk’nam-haush-.
Paula Reinoso, integrante del Colectivo y becaria de Conicet, escribió uno de los anexos del informe en el que se detalla la situación de la provincia de Córdoba. Allí señala que existen en el territorio de la provincia veintidós comunidades reconocidas jurídicamente: veinte del pueblo comechingón, una del pueblo sanavirón y una del pueblo ranquel; y hay otras en proceso/trámite de reconocimiento estatal. Sus referentes articulan con el gobierno provincial por medio del Consejo de Participación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (CPI).
En el marco del CPI, la autora registra que los referentes manifestaron una problemática crucial como es el acceso a los alimentos, es decir, la necesidad de la alimentación. A su vez, y en contacto con las poblaciones, como por ejemplo la comunidad Ticas, Reinoso rescata otras problemáticas: el alcance de la conectividad (ya sea de internet o telefónica) y el acceso a tecnologías; la falta de trabajo -con la consideración de que los pueblos indígenas componen el sector de trabajadorxs de la economía popular que está viendo particularmente afectado su ingreso y sustento a partir de las medidas de aislamiento-; la preexistente falta de acceso al agua (ya sea potable, o para riego y otras actividades agropecuarias); entre otras situaciones que se detallan en el informe.
Desde el Colectivo, celebramos estas iniciativas de colaboración académica de gran alcance y profundo respeto, que permiten conocer realidades invisibilizadas como la de los pueblos indígenas de nuestro país y de nuestra provincia.
