Autora: Victoria Siloff

El día 11 de Junio de 2014, en la legislatura de Córdoba se sancionó, en medio de una protesta social, que fue reprimida por la policía, la Nueva Ley de Ambiente de Córdoba. No es menor dicho contexto, en un Estado democrático, donde se entiende que la comunidad tiene el derecho de expresarse y participar, siendo el Estado quien debe garantizarlo. Pero el Estado Provincial, parece ignorarlo. Ya que como se desprende del Informe realizado en 2014 por el colectivo de Investigación, El llano en llamas: “La represión y judicialización de la protesta/lucha social es otro rasgo sobresaliente del dispositivo de seguridad cordobés. La selección estatal de un acto de protesta como “ilícito penal” constituye un supuesto de criminalización ilegítima, o de “criminalización de la protesta” porque el acto de protesta está amparado en el ejercicio legítimo de un derecho. El tremendo poder coercitivo que se despliega contra quien es imputado en un proceso penal ha sido utilizado por la administración de justicia como una auténtica herramienta de disciplinamiento sobre los manifestantes. En el período que va desde abril de 2013 a junio de 2014 (14 meses) se registraron 9 acciones colectivas criminalizadas, donde resultaron detenidas/judicializadas 82 personas.” (Llano en llamas, 2014, Informe seguridad, p.4) 

 

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