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PONENCIAS

Autoras: María Alejandra Ciuffolini y Sabrina María Villegas Guzmán

La devaluación de la moneda que se produce pos crisis del año 2001 en Argentina inicia un momento de grandes ganancias para el sector agroexportador. A partir de allí, el modelo de los agro-negocios. Comienza una escalada sin precedentes y un proceso de expansión que rebasa la zona pampeana y alcanza territorios destinados a la producción en pequeña escala, caracterizadas por el desarrollo de formas productivas más tradicionales.. 

La provincia de Córdoba –una de las principales productoras de granos a nivel nacional- comienza a ser testigo de este fenómeno de corrimiento de la agricultura, con la presencia indiscutida de la soja. La rápida valorización de la tierra en los departamentos del norte provincial colocó a sus ocupantes históricos en una situación de extrema vulnerabilidad frente a quienes se mostraban interesados por hacer ingresar esos territorios casi vírgenes y con gran preservación de bosque nativo al nuevo esquema productivo. 

 

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Autora: Victoria Siloff

El día 11 de Junio de 2014, en la legislatura de Córdoba se sancionó, en medio de una protesta social, que fue reprimida por la policía, la Nueva Ley de Ambiente de Córdoba. No es menor dicho contexto, en un Estado democrático, donde se entiende que la comunidad tiene el derecho de expresarse y participar, siendo el Estado quien debe garantizarlo. Pero el Estado Provincial, parece ignorarlo. Ya que como se desprende del Informe realizado en 2014 por el colectivo de Investigación, El llano en llamas: “La represión y judicialización de la protesta/lucha social es otro rasgo sobresaliente del dispositivo de seguridad cordobés. La selección estatal de un acto de protesta como “ilícito penal” constituye un supuesto de criminalización ilegítima, o de “criminalización de la protesta” porque el acto de protesta está amparado en el ejercicio legítimo de un derecho. El tremendo poder coercitivo que se despliega contra quien es imputado en un proceso penal ha sido utilizado por la administración de justicia como una auténtica herramienta de disciplinamiento sobre los manifestantes. En el período que va desde abril de 2013 a junio de 2014 (14 meses) se registraron 9 acciones colectivas criminalizadas, donde resultaron detenidas/judicializadas 82 personas.” (Llano en llamas, 2014, Informe seguridad, p.4) 

 

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Autoras: María Cecilia Alonso, María Paula Ávila Castro, Candela de la Vega y Erika Sacucci

En este artículo proponemos un abordaje de las conflictividades ambientales actuales de la Provincia de Córdoba, a partir de la selección de una serie de casos y el análisis de las estrategias y posicionamientos de sus actores. Partimos de entender el conflicto social como instancia de visibilización de las principales lógicas de poder y dominación de una sociedad. Por su parte, los conflictos ambientales están específicamente atravesados por discusiones respecto de las formas de apropiación, producción y distribución de los bienes naturales. A su vez, desarrollamos los conflictos seleccionados como luchas sociales más allá de la “conciencia ambiental”; e intentamos dar cuenta de los procesos de subjetivación política de los sujetos colectivos emergentes. En función de estas discusiones, seleccionamos una serie de casos actualmente vigentes, analizados desde un enfoque cualitativo y a partir de registros periodísticos, así como de documentación elaborada por los actores involucrados en los conflictos escogidos. 

 

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Autor: Fidel Azarian

Los debates en torno a la prostitución se vinculan a una innumerable cantidad de tópicos: la política, la ética, el derecho, las cuestiones urbanas, los problemas de género y sexualidad, entre otros. Por otra parte, la prostitución es, desde hace varios años, uno de los temas más urticantes y polémicos al interior del feminismo, al punto que lo ha pidido en (al menos) dos grupos irreconciliables: anti prostitución o abolicionistas versus pro prostitución o pro sexo. El nivel de radicalidad y enconamiento del debate es tal que hasta el modo de nominar la comercialización de servicios sexuales supone un posicionamiento al respecto. Así es como hay quienes afirman que las prostitutas son sujetos políticos con capacidad para asumir en primera persona su propio destino, refiriéndose al trabajo sexual como una actividad libre y voluntaria; y hay quienes dicen que no hay prostitutas sino personas prostituidas sobre las cuales pesan las estructuras del capitalismo y del  patriarcado. 

 

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Autora: María Paula Ávila Castro

En la zona del Gran Córdoba existe en la actualidad un conjunto de movimientos socioambientales, organizados de manera relativamente reciente, para denunciar ciertas dinámicas  metropolitanas de crecimiento poblacional y de avance del capital en emprendimientos de urbanización privada, acusados de degradar el ambiente y privatizar el espacio público y los bienes comunes. En algunas localidades metropolitanas la intensificación de la especulación inmobiliaria traducida en proyectos de privatización y clausura de grandes extensiones del territorio para la construcción de  condominios habitacionales de perso tipo y espacios de recreación de alta gama como canchas de golf, extensos parques y lagunas artificiales, aparece como un problema ambiental de gran alcance, que devino en el involucramiento de los vecinos y la creación de organizaciones que denuncian estos inconvenientes para la naturaleza. 

En este trabajo, analizaremos específicamente tres expresiones de resistencia: el movimiento Guardianes del Monte de Mendiolaza (Sierras Chicas), enfrentado al recientemente aprobado proyecto El Terrón del Grupo Tagle; la organización no gubernamental Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) de San Antonio de Arredondo (Punilla), opuesto a la Empresa Gama y su proyecto de barrio cerrado El Gran Dorado; y el colectivo Todos por Nuestros Arroyos de Alta Gracia (Paravachasca), organizado para repudiar al Country Potrerillo de Larreta que ahora proyecta su ampliación en alianza con la desarrollista Edisur.

La metodología de análisis de los casos será cualitativa y se basará en registros periodísticos nacionales, provinciales y locales en soporte digital accesible en internet, para el período 2011-2015. Asimismo, la lectura de estos casos se realizará recuperando los aportes de algunas corrientes teóricas dentro de la literatura ambiental como la justicia ambiental, el marxismo ecológico y la ecología política; las cuales incorporan categorías y contrapuntos muy valiosos para la comprensión de los procesos de resistencia y movimientos sociales bajo estudio. 

 

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Autores/as: Fidel Azarian, Maximiliano Busso y Valentina Bianco

El impulso a la extensión como expresión del compromiso social de la Universidad constituyó uno de los grandes aportes de la Reforma del dieciocho (Arocena, 2010). En los tiempos que corren, y tras un largo siglo de debates, podemos decir que hay cierto consenso respecto a que la extensión o proyección social es una misión de la Universidad, junto a la docencia y a la investigación. Nuestra perspectiva es que la aceptación de la extensión como función específica y propia de la Universidad debe ser discutida y problematizada a partir de qué significa dicha labor y cómo se pone en práctica. Como estudiantes que participamos en el proyecto de proyección social de la Universidad Católica de Córdoba: “Del conflicto con la ley a la ciudadanía”, asumimos que un buen modo de plantear dichos interrogantes es hacerlo a través de una reflexión y una crítica sobre nuestras prácticas .En primer lugar, decimos que la noción según la cual la “extensión” es una función específica de la Universidad, es decir un compartimento particular y separado de la labor universitaria, es una concepción elitista y excluyente porque presupone que hay un adentro (la Universidad) y un afuera (aquello que se nombra como “Sociedad”) al cual extenderse. Quizás habría que hablar de transferencia, la cual, en lugar de ir hacia algún afuera, implica hacerse cargo de cierta exterioridad constitutiva que exige trabajar en con ese otro excluído. El problema es que la noción de transferencia no debe entenderse de modo unilateral: los universitarios no somos aquellos sujetos idóneos para iluminar con nuestra experticia a las colectividades que padecen injusticias, y éstas no son grupos pasivos receptores de conocimiento que no pueden por sí mismos plantearse objetivos para superar aquellas situaciones opresivas. De lo que se trata es de un trabajo colectivo y dialógico, donde el conocimiento se construye entre todos los actores involucrados y el objetivo último es contribuir a la emancipación humana. En ese sentido, la pregunta que nos planteamos desde nuestro lugar de universitarios es cómo abrirnos hacia el otro, cómo soltarnos, cómo des-sujetarnos, para dar lugar a la fecundidad de los encuentros, bajo la lógica difícil pero posible de la igualdad. 

 

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